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Incluye denuncia de hechos
presentada a PGR al ex comisionado de la PFP Wilfrido Robledo, al actual director general
de la Policía Judicial Federal, Genaro García Luna, y al ex oficial mayor de
Gobernación Gerardo Cajiga
Unos 40 funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal Preventiva (PFP) son presuntos involucrados en las irregularidades que se cometieron al adquirir sin licitación previa 12 aeronaves, en su mayoría usadas, para el combate contra el narcotráfico.
El director general adjunto para
Asuntos Penales de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Ignacio
Fuentes Rubio, explicó que en la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría
General de la República (PGR), se mencionan por su nombre a los 40 funcionarios, entre
otros el ex comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo; el ex director de Inteligencia de la
PFP, Genaro García Luna, actual director general de la Policía Judicial Federal de la
PGR, y el ex oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Cajiga Estrada. Este
último firmó la entrega del dinero para la compra de las aeronaves y por ello
Gobernación debió verificar que el procedimiento fuera lícito.
Entrevistado telefónicamente,
Cajiga Estrada rechazó tener alguna responsabilidad en esa compra de helicópteros y
aviones, pues el presupuesto que entregó a la PFP como un órgano desconcentrado, fue
autorizado por la Secretaría de Hacienda previo dictamen “y yo no participo en los
dictámenes de asignación”.
Sorprendido por aparecer en la
denuncia de hechos por compras gubernamentales irregulares, el ex oficial mayor de la
Secretaría de Gobernación cuando Diódoro Carrasco era su titular, explicó que él nada tuvo que ver
con este proceso de adquisición, pues sólo cumplió con el programa de inversiones de la
PFP que le fue autorizado por Hacienda cuando estaba al frente el secretario José Ángel
Gurría.
Según Cajiga Estrada se trata de una operación transparente y justificada, en donde la Secretaría de Hacienda ya conocía que se adquirían aeronaves nuevas y usadas “esto debe de quedar muy claro, nosotros no hicimos más que entregar los fondos ya asignados”.
El problema, identifica el ex
funcionario de Gobernación, es un pleito entre empresas privadas, la estadounidense Bell
Helicopter y la franco-alemana Eurocopter, que se disputan el mercado mexicano para vender
al gobierno el mayor número de aeronaves.
Cajiga también identificó que el
responsable de Auditoría Gubernamental en la Secodam, Roberto Muñoz Leos, hermano del
director general de Pemex, fue asesor de Alejandro Gertz
Manero, actual secretario de Seguridad Pública y quien ordenó la investigación en
contra de la PFP por supuestos desfalcos y desvíos de recursos. Esto se entiende como un
posible conflicto de interés de parte de los auditores de la Secodam.
El director general adjunto para
Asuntos Penales de la Contraloría reconoció que en la auditoría practicada a dicho
proceso de compra, no se encontraron desviaciones de recursos, es decir que la
disposición de los 32 millones de dólares (casi 320 millones de pesos) que hizo la PFP
para la compra de los nueve helicópteros y tres aviones, uno de ellos un Gruman II de
superlujo y los otros dos un Falcon y un Caza, sí se utilizaron para el pago de las
aeronaves.
A pesar de eso, dijo el funcionario
de la Secodam, hay muchas irregularidades en el proceso, como el helicóptero que estaba
embargado a la Eurocopter y a pesar de ello fue adquirido por la PFP, organismo que de
acuerdo con las fechas de adquisición, financió a la empresa franco-alemana Eurocopter
(la cual posee capital público del gobierno francés) para que ésta liquidara deudas y
pudiera liberar la aeronave embargada.
Para Ignacio Fuentes Rubio la
denuncia de hechos que presentó ante la PGR está bien sustentada; sin embargo, sólo
corresponde a la auditoría aplicada por la Secodam al ejercicio del 2000 de la PFP, por
lo que las aeronaves adquiridas durante 1999 mediante asignación directa quedaron fuera
toda denuncia penal.
“A mí sólo me entregaron los
informes de la auditoría practicada en el 2000 y desconozco si hubo otras adquisiciones
en 1999, por lo tanto hasta ahora no hay denuncia al respecto”, comentó el director
general adjunto de Asuntos Penales de la Secodam.
Durante las indagaciones de la
Contraloría en ningún momento se siguió algún procedimiento administrativo de
responsabilidades en contra de Wilfrido Robledo y su equipo, a fin de que pudieran
explicar los motivos de esa adquisición que según el contralor Francisco Barrio fue
apresurada y llena de irregularidades.
Es decir que los 40 funcionarios
supuestamente involucrados nunca pudieron aclarar su participación ante la Contraloría, porque ésta jamás los citó para
interrogarlos. Sobre este punto Fuentes Rubio dijo que no era su obligación entrevistarse
con los funcionarios aludidos para que aclararan la compra de las aeronaves, pues ahora
podrán defenderse ante la PGR y de ser consignados ante un juez federal.
Otras de las irregularidades descubiertas por la Secodam es que faltó un adecuado afianzamiento de los contratos para la venta de las aeronaves por parte de las empresas privadas, además de que se abandonaron normas que disponen las leyes para las compras gubernamentales.
También faltó una justificación
para que los helicópteros y aviones se adquirieran sin licitación, como lo dispone el
reglamento en la materia. De acuerdo con la auditoría, los nueve helicópteros costaron
17.5 millones de dólares y los tres aviones 14.5 millones.