IRREGULAR PAGO DE NÓMINA EN PRI

Procederán penalmente contra el secretario de Finanzas; aplicaba descuentos de 30 por ciento a más de 200 trabajadores

La Coordinación de Asuntos Jurídicos del PRI-DF procederá penal, laboral y civilmente contra el secretario de Finanzas de ese partido, Octavio Fenollosa Mascaro, y el subsecretario de Administración, Alberto Salazar Torres, por daños y perjuicios, ya que están aplicando descuentos de 30 por ciento al salario de más de 200 trabajadores del tricolor.

En una circular a la militancia del PRI, se informa de la revocación del poder que se le otorgó a Fenollosa el pasado 7 de marzo para intervenir en pleitos, cobranzas y hábitos de administración de ese partido.

Se explicó que la acción penal podría ejercerse, ya que la fracción 7 del artículo 387 del Código Penal tipifica como delito de fraude el pago de cantidades inferiores a las que corresponden a los trabajadores por sus servicios.

Agregó que por ese ilícito la citada ley establece una penalidad que va de 5 a 12 años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario mínimo.

En respuesta, el secretario de Finanzas consideró que los procesos de ajuste en empresas, gobiernos o partidos “son dolorosos”, pero imprescindibles para garantizar la subsistencia de los mismos, ubicándolos en su nivel real de operación de acuerdo a los escenarios de planeación en el corto y mediano plazo.

Añadió que a la presente administración del PRI le tocó instrumentar una reestructuración a fondo acorde a las condiciones que se viven en ese partido, luego del proceso electoral del 2 de julio.

Zeferino Ramírez, coordinador jurídico de ese instituto político, afirmó que la retención de 30 por ciento del salarios a los empleados del partido en el Distrito Federal, así como a abogados y personal que conforma la coordinación, es ilegal.

Calificó esas acciones como “temerarias, arbitrarias, dolosas y de mala fe” por parte de los dirigentes del Revolucionario Institucional.

A su vez, Rafael Barajas Bernal, subcoordinador Jurídico del PRI capitalino dijo que tal decisión viola los artículos 105, 106, 110, 114, 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, “porque no es posible reducir el costo de los servicios personales”.

Denunció que el personal que labora en el PRI del Distrito Federal carece de prestaciones como seguridad social, Infonavit, Fonacot, aguinaldo y vacaciones.

“Es curioso --agregó-- que en un partido político donde se habla de democracia y que tiene afiliados a varios sindicatos se carezca de los beneficios que otorga la ley a sus trabajadores”.

Zeferino Ramírez aseguró que la relación del tricolor con sus empleados “es de carácter legal” y está basada en los artículos 8 y 10 de la Ley Federal del Trabajo, “y por tanto no se trata de una relación contractual de servicios profesionales que pueda rescindirse de manera unilateral.