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Los donativos que Cabal Peniche hizo
al partido por más de 32 mdp causaron quebranto a Banca Unión, dice CNBV; el tricolor de Tabasco no está
obligado a regresar el dinero
El Partido Revolucionario Institucional tendrá que devolver, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los más de 32 millones de pesos que recibió de Banca Unión para ayudar a financiar los gastos de la campaña presidencial de 1994.
De acuerdo con la documentación entregada ayer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a la Cámara de Diputados, los donativos que Carlos Cabal Peniche canalizó directamente o a través de “empresas canalizadoras” a los fideicomisos creados por el PRI nacional causaron quebranto a Banca Unión y esas deudas fueron al Fobaproa.
Según el artículo séptimo
transitorio de la Ley del IPAB, el CEN del PRI deberá devolver los recursos que le fueron
entregados a través de dos fideicomisos, debido a que provocaron quebranto a Banco
Unión.
Para el caso de Tabasco, las
autoridades interventoras del mismo Banco Unión determinaron que el fideicomiso creado
por el PRI local recibió un millón de pesos de la empresa San Carlos World Trade de
México S.A., que generó quebranto a ese banco. Sin embargo, y a pesar de que Carlos
Cabal Peniche es el accionista principal de esa empresa, las autoridades argumentan que el
aportante (San Carlos World Trade de México S.A.) no “tiene el carácter de
acreditado del banco ni éste cuenta con elementos jurídicos que le permitan afirmar
categóricamente que el aportante es el responsable del quebranto”. Por ello,
concluyen los interventores, el PRI de Tabasco no tendrá la obligación de devolver al
IPAB ese millón de pesos. Banco Unión fue intervenido en septiembre de 1994, luego de lo
cual Cabal Peniche, su principal accionista, huyó del país hasta que fue detenido en
Melbourne, Australia, donde vivía con una identidad falsa y en donde aguarda en prisión
a que se resuelva su extradición a México. Desde prisión, Cabal había revelado ya esas
aportaciones hechas a las campañas, y declaró que las acusaciones en su contra eran
producto de una persecución política.
LOS FIDEICOMISOS DEL PRI
La CNBV entregó a la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados más de 3 mil 200 hojas, en seis anexos, en
los que se integra la información correspondiente a cinco fideicomisos creados por el
PRI:
1) Fideicomiso F-3110-8
(PRI-Campeche). Representante: Ramón Santini Pech.
2) Fideicomiso F-2939-1
(PRI-Tabasco). Representante: Roberto Madrazo Pintado.
3) Fideicomiso F-2929-4 (PRI-Comité
Ejecutivo Nacional). Representantes: Fernando Ortiz Arana y Carlos Sales Gutiérrez.
4) Fideicomiso F-2739-9
(PRIChiapas). Representante: Jaime Fernández Armendáriz.
5) Fideicomiso F-1718-0 (PRI-Comité
Ejecutivo Nacional-Cremi). Representantes: Fernando Ortiz Arana y Carlos Sales Gutiérrez.
Al hacer un análisis de las
operaciones de los fideicomisos, las autoridades financieras concluyeron que los
establecidos por el Comité Ejecutivo Nacional priísta F-2929-4 y F1718-0 recibieron
recursos por poco más de 32 millones de pesos que generaron quebranto a la Banco Unión.
Tales quebrantos luego fueron absorbidos por el Fobaproa. “En cuanto al fideicomiso
F-29294 en julio de 1993 recibió 47 millones 175 mil pesos, de los cuales 31 millones 83
mil pesos fueron correspondidos con créditos a una empresa canalizadora que causaron
quebranto a Banco Unión”, establece el resumen de las operaciones. El fideicomiso
F-1718-0 (CEN del PRI-Cremi) “recibió de parte del señor Carlos Cabal Peniche un
millón de pesos que derivó en un quebranto para Banco Unión”.
Por lo que toca a los fideicomisos
establecidos por los comités estatales del PRI en Campeche y Chiapas, la interventoría
de Banco Unión determinó que “no generaron quebranto alguno”.
Las autoridades financieras
entregaron la información de los fideicomisos a la Cámara de Diputados, una vez que el
24 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia ordenó al Ejecutivo federal entregar al
Poder Legislativo la información que se había solicitado.