HAY 407 DENUNCIAS POR USO ELECTORAL DE PLANES SOCIALES

Los que acumularon más acusaciones, Progresa, Procampo, Alianza para el Campo, Diconsa y Liconsa

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de verificar que no se desviaran recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000 dio a conocer su informe final, en el que destaca que los programas sociales más denunciados fueron Progresa, Procampo, Alianza para el Campo, Diconsa, Liconsa y Crédito a la Palabra.

Reporta que del total de 877 denuncias formalmente presentadas frente a esta Comisión Especial 2000, sólo a 407 se les canalizó a los organismos respectivos para dar trámite legal, mientras que las 385 restantes fueron desechadas por no reunir los requisitos correspondientes.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, los estados que reportaron mayor número de hechos fueron Michoacán, con 71; estado de México, con 59; Puebla, con 39, y Veracruz, con 37.

En cuanto a las dependencias u organismos más denunciados fueron la Secretaría de Desarrollo Social, Sagar, Pemex, IMSS, Sepomex, Semarnap, Corett, Conagua, Secretaría de Relaciones Exteriores, ISSSTE, Comisión Federal de Electricidad, SDN, Secofi, Infonavit y el DIF.

Y aunque sin especificar nombres, señala que también fueron denunciados varios gobernadores, funcionarios de las tres esferas de gobierno, representantes populares y candidatos a puestos de representación popular.

En el informe acusan además al coordinador del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, Enrique Jackson Jiménez, de retrasar el trabajo de esta comisión “intencionalmente” en trámites administrativos.

Las conclusiones de este informe final sostienen que la negativa a la vigilancia y prevención del uso de recursos públicos con fines electorales por parte de autoridades gubernamentales en todos los niveles es el resultado de la costumbre de utilizar los programas sociales para beneficio del PRI, “siendo en repetidas ocasiones éstos los mejores medios para hacer proselitismo a favor de sus candidatos”. La creación de esta comisión, destacan, fue útil para inhibir las acciones de los servidores públicos, sobre todo encaminados a desviar los recursos públicos en apoyo de algún candidato o partido político.

No obstante, las investigaciones aún continúan y una vez que se tenga el resultado final de las mismas, la comisión se comprometió a dar seguimiento con el objeto de que estas acciones ilícitas se prevengan y se sancionen tanto por el Poder Legislativo, como por los poderes Judicial y Ejecutivo, porque así lo reclama, dicen, el nuevo escenario de la democracia mexicana.