CUENTA PÚBLICA 2000 ¿QUIÉN TOMÓ LAS DECISIONES?

En los últimos días se han publicado diversos artículos sobre la cuenta de la hacienda pública del año 2000 presentada al Congreso y en la que es posible advertir severas desviaciones en el gasto federal del año pasado. Como es lógico, provenientes de una administración dominada por la insensibilidad, la tecnocracia y el pensamiento económico más conservador y reaccionario, los principales problemas están en la operación del Fobaproa-IPAB y en los programas sociales.

Al amparo de la tesis de que el Gobierno sólo debe dedicarse a crear condiciones propicias para el crecimiento del mercado, en el sexenio del Dr. Zedillo se impuso una política presupuestaria restrictiva. Esto significó que, como lo señala el documento oficial, los programas sociales fueran sacrificados. Simplemente desde el escritorio de algún funcionario de la SHCP, responsable del ejercicio de los recursos, se ordenó incumplir la ley, al negarse sistemáticamente a entregar los recursos, aprobados por la Cámara de Diputados, a actividades esenciales como la educación; la prestación de servicios de salud; los programas de Alianza para el Campo y de empleo temporal; los desayunos escolares, el abasto rural, la leche subsidiada o a otras funciones como las de seguridad pública.

El asunto del destino de los recursos trasciende las posiciones ideológicas y nos lleva al terreno de las responsabilidades. Es indispensable que ahora que tanto oímos hablar a los funcionarios del gobierno foxista de transparencia y rendición de cuentas sepamos la verdad. Es inadmisible que varios de esos servidores del pasado, ahora incrustados en altos cargos públicos, actúen como si nada hubiera ocurrido.

Habría que preguntarles lo que representó su decisión de desobedecer el mandato de los Diputados. Sería muy grave para las instituciones que todo quedara ahí, pero lo que es verdaderamente imperdonable es que fueron afectadas millones de familias mexicanas sin el menor pudor y recato.

En tanto se perjudicaba a los niños, a las mujeres, a los indígenas o a los campesinos, por cierto siempre presentes a la hora de los discursos, el Gobierno federal destinaba cuantiosas sumas de dinero público a rescatar a bancos, deudores o dueños de carreteras privadas. Más de 60 mil millones de pesos se entregaban con toda agilidad y eficiencia para esos propósitos, 50% más de lo que autorizó el Congreso. ¿Quién va a explicarnos cuáles fueron los criterios y cómo se tomaron las decisiones de transferir esos recursos públicos? ¿Quién los autorizó a excederse en montos verdaderamente escandalosos?

Ahora que nuevamente se está abriendo el expediente del Fobaproa será oportunidad para obtener respuesta sobre el contenido y destino de ese fondo. Por el bien de todos debe conocerse plenamente la verdad. Aun es tiempo para que los anteriores responsables del gasto público, aclaren cómo es que con sus trapacerías jurídicas pagaron sustanciosos sueldos al equipo de transición, mientras miles de niños y de familias eran eliminados de los programas sociales o recibían una atención deficiente en las escuelas y hospitales públicos por la falta de recursos. ¿Qué ganamos los mexicanos con que la Secretaría de Salud no ejerciera 2 mil millones de pesos? ¿En qué benefició a la gente que no se hiciera el gasto completo en educación o seguridad pública? ¿Qué consecuencias sociales tendrá no haber ejercido el presupuesto autorizado para los campesinos y los indígenas? ¿Cuántos niños tendrán daños irreversibles por esas decisiones? ¿Qué el desacato al mandato del Poder Legislativo no es una forma de corrupción? Por ello, es indispensable saber ¿quién tomó las decisiones?