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PROTEGIÓ GOBIERNO AL NARCO A CAMBIO DE INVERSIÓN, REVELAN
Una alianza que inició en el
sexenio de De la Madrid y que fue consolidada con CSG brindó impunidad a cárteles,
sostiene investigador francés
En un momento en que el país sufría un déficit presupuestal, las arcas estaban vacías y la deuda exterior corroía a México, personajes del gobierno pactaron con narcotraficantes para que invirtieran sus ganancias en la economía nacional, indica el investigador francés Jean-Francois Boye.
En su libro "La guerra perdida
contra las drogas, narcodependencia del mundo actual" próximo a salir bajo el sello
de la editorial Grijalbo, comenta que el acuerdo consistía en que las autoridades se
"harían de la vista gorda" frente a los narcotraficantes, quienes
invertirían sus ganancias en el país. Además, ambos se comprometían a no usar la
violencia y negociar eventuales detenciones. Boye señala que el pacto comenzó a
formularse en el gobierno de Miguel de la Madrid y se consolida en el sexenio de Carlos
Salinas. El autor, quien ha dedicado 15 años a la investigación del narcotráfico,
se pregunta si el presidente Vicente Fox tendrá la voluntad y los medios para romper con
el pacto y acabar con el narcopoder.
Señala el escritor francés que con
la alianza, gestada en 1985, se intercambiaba protección por inversiones. Los
artífices "probablemente" fueron Raúl Salinas Lozano, Raúl Salinas de Gortari
y José Córdoba Montoya.
México se convirtió "en el
punto nodal del tráfico de drogas en el hemisferio occidental", a partir de un pacto
entre políticos y narcotraficantes que "comenzó sin duda a pensarse hacia
1985" y cuya consolidación "llevó varios años, al término de largos y
laboriosos contactos", sostiene el escritor y periodista francés Jean-Francois Boye,
en su libro "La guerra perdida contra las drogas, narcodependencia del mundo
actual", de próxima aparición en México. Del pacto, expone el autor, habrían
sido "artífices", "probablemente", Raúl Salinas Lozano, padre del ex
presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, y José Córdoba Montoya,
la eminencia gris del salinismo.
Jean- Francois Boye ilustra la
dimensión que en México ha alcanzado el poderío del poder fundado en el trafico de
drogas, con una frase tomada de un informe militar: "En Colombia, los cárteles
utilizan a los funcionarios públicos para la realización de sus actividades ilícitas. En
México, los cárteles son utilizados por el narcopoder, constituido por personalidades de
notoriedad nacional".
Dos son las decisiones que hasta ahora han marcado una nueva y posible correlación entre el gobierno mexicano y los narcotraficantes: uno, permitir que los narcos mexicanos reclamados por la justicia estadounidense puedan ser extraditados a Estados Unidos y, en segundo término, la PGR ha sido autorizada a reabrir la investigación sobre Raúl, Carlos y Enrique Salinas por "lavado" de dinero, afirma el periodista francés.
Del libro "La Guerra perdida
contra las drogas, narcodependencia del mundo actual", se presentan a continuación
algunos de sus fragmentos:
"El caso mexicano es
absolutamente ejemplar. Responsables de la lucha antidrogas, investigadores, hombres
políticos (incluidos unos cuantos del PRI), politólogos y periodistas están de acuerdo:
ha habido un pacto entre los narcos y el Estado. ¿Cuándo? Comenzó sin duda a pensarse
hacia 1985, cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid echaba los cimientos de
las futuras privatizaciones y de la liberación de la economía mexicana. Las arcas del
Estado estaban vacías, el déficit del sector nacionalizado no podía ser cubierto, la
deuda exterior corroía la nación y las principales fortunas habían sido transferidas a
bancos estadounidenses. El país necesitaba dinero fresco..."
"¿Qué contemplaba el pacto
entre narcos y el Estado? Para los especialistas consistiría en un trato bastante
sencillo: las autoridades financieras del país habrían invitado a los narcotraficantes a
invertir sus ganancias en una economía descapitalizada, en plena reestructuración. En
contrapartida, la policía y el ejército mexicanos se harían de la vista gorda frente al
narcotráfico, y ambas partes se comprometerían a no incurrir a la violencia y a negociar
eventuales detenciones en caso de que se hiciera necesario soltar lastre ante las
autoridades antidrogas de Estados Unidos.
"El Estado mexicano,
finalmente, sé comprometería a no autorizar a la DEA ni a las agencias antidrogas
estadounidenses a participar en la persecución del narcotráfico en territorio nacional.
¿Quién lo negoció? Los artífices del acuerdo fueron, probablemente, Raúl Salinas
Lozano, padre del presidente, Raúl Salinas de Gortari, su hermano, y José Córdoba
Montoya, la eminencia gris de Carlos Salinas. Desde luego, el pacto no fue negociado con
los representantes principales de ambas partes reunidos en torno a una mesa. Su
consolidación llevó varios años, al término de largos y laboriosos contactos."
"Jorge Castañeda, brillante
politólogo convertido en asesor del presidente electo, Vicente Fox, en el verano de 2000,
está convencido de que, en efecto, hubo un pacto. Me confió que un secretario de Carlos
Salinas, amigo suyo compartía esta convicción, al mismo tiempo que me pedía proteger el
anonimato de dicho amigo. Castañeda opina, empero, que ni una ni otra parte han cumplido
totalmente con el acuerdo, lo que explicaría los sangrientos rebotes de la relación
entre cárteles y Estado bajo las presidencias de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Los
asesinatos de Francisco Ruiz Massieu y de Luis Donaldo Colosio se inscribirían en este
contexto.
"Para Castañeda, los narcos
jamás han admitido que durante la negociación del TLC, Carlos Salinas haya cedido a las
presiones de Washington y aceptado que la DEA participe directamente en las operaciones
sobre territorio nacional. Se dieron cuenta muy pronto, a partir de 1991, cuando los
aviones radares y los de interceptación de la PGR comenzaron a ser copiloteados por
agentes estadounidenses. Pero la colaboración entre ambas partes estaba demasiado
avanzada para que terminara: la ruptura habría puesto en peligro demasiados intereses
comunes.
"El pacto inicial ha sido
sustituido, pues, por acuerdos puntuales, que ligan las autoridades con tal o cual
cártel, según las afinidades, circunstancias o relaciones de fuerzas dentro de la mafia.
El informe del CIAN de 1995 –Centro de Inteligencia Antinarcóticos del Estado Mayor
de la Defensa Nacional– afirma que ciertos "narcopolíticos", como Hank
González, han conseguido mantener relaciones armoniosas con dos cárteles enemigos,
el de Tijuana y el de Juárez.
"Como sea, bajo el mandato
de su hermano Carlos (1988-1994), Raúl Salinas puso prácticamente todo el Estado a
disposición del tráfico. El presidente, dos de sus asesores directos, dos
secretarios de Estado, varios gobernadores, tres procuradores encargados de la lucha
antidrogas, de 1988 a 1995, dos jefes de la Policía Judicial Federal durante el mismo
periodo y un número indeterminado de generales han sido, o son todavía, objeto de
indagaciones por parte de alguna de las grandes agencias antidrogas del planeta. "La
inteligencia militar resumió perfectamente la situación al día siguiente de la salida
del presidente Salinas. El informe del CIAN de 1995 señala: en Colombia, los cárteles
utilizan a los funcionarios públicos para la realización de sus actividades ilícitas.
En México, los cárteles son utilizados por el narcopoder, constituido por personalidades
de notoriedad nacional."
El periodista francés contó con la
información de un funcionario de la PGR para conocer las redes del narcotráfico en
México y así relata este hecho: "El hombre de la PGR, que durante largos meses, me
ayudó a penetrar los arcanos del crimen se mostró siempre prudente a la hora de citar
nombres. Jamás, por ejemplo incriminó ante mí a los ex presidentes De la Madrid y
Salinas, acusados por la inteligencia militar, ni dejó entre ver que sospechara del
presidente Zedillo", de acuerdo con el texto del periodista francés.
"Número en cambio sin titubear
un instante las empresas que le parece que un día deberán rendir cuentas por el delito
de lavado de dinero. La lista es impresionante: los bancos Cremi-Unión y Anáhuac, la
Banca industrial de Jalisco, la embotelladora Pepsi-cola, la compañía aérea TAESA,
Televisión Azteca, Dina, Transportación Marítima Mexicana (la mayor compañía
marítima de Latinoamérica, propietaria de empresas de transporte de Estados Unidos y
Canadá), Hidrogás, (el mayor distribuidor de gas del norte del país)..."
Se refiere también al caso del
Banco Anáhuac, y sobre este asunta puntualiza: "Amado Carrillo trató de apropiarse
del grupo financiero Anáhuac entre agosto y noviembre de 1996. Cuando llevan décadas
tratando de legitimar sus ingresos ilegales, los narcos no han encontrado nada mejor que
un banco para alcanzar sus fines. Una vez que el dinero sucio entra en el circuito
bancario, es en extremo difícil para un investigador seguir el rastro de las
transferencias -giros o emisión de cheques- de que ese dinero es objeto. La tarea del
seguimiento se complica aún más desde la llegada de la informatización bancaria y el
desarrollo de las transferencia electrónicas que aceleran la circulación del
dinero..."
Sobre el caso del que fuera
secretario particular del ex presidente Ernesto Zedillo, José Liébano Saénz, el funcionario
de la PGR que es identificado como "garganta profunda" dice que "no hay
para él duda alguna de que este funcionario desempeñó un papel determinante en la
protección al cártel del Golfo", no obstante de que la PGR no encontró ninguna
evidencia y determinó cerrar la investigación que se hizo en su contra por supuestos
regalos de una casa y una flota de vehículos que recibió de parte de narcotraficantes,
como Amado Carrillo. Así y en una detallada recopilación de los sucesos, personajes e
instituciones involucradas o sospechosas de participar en el tráfico de drogas y el
"lavado" de dinero en el ámbito mundial, Jean-Francois Boye dedica la mayor
parte de su libro --producto de más de 15 años de investigación-- a México y los
distintos escenarios que se plantean en este momento para el desmantelamiento de lo que
él llama "Narco-Estado" y para el combate al narcotráfico por el gobierno del
presidente Vicente Fox.
Amado Carrillo, antes de morir, le
contó al joyero José Colsa McGregor -quien fuera testigo protegido de la PGR y fuera
secuestrado en Guadalajara y encontrado asesinado en la ciudad de México en 1998-- que
estaba irritado por la conducta del primer magistrado de Baja California: un hombre que
abusaba de su puesto y que le habría exigido su mas de dinero exageradas. La llegada de
Vicente Fox al poder puede cambiar completamente las condiciones de lucha antidrogas en
México, sostiene el periodista francés al destacar que las dos decisiones simbólicas
del nuevo gobierno que "confirman su voluntad de no ceder nada al crimen organizado
en el futuro son: los narcos mexicanos reclamados por la justicia estadounidense podrán
desde ahora ser extraditados a Estados Unidos y, en segundo término, la PGR ha sido
autorizada a reabrir la investigación sobre Raúl, Carlos y Enrique Salinas por lavado de
dinero".
Sobre la detención de Mario
Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, "desenmascarado por UEDO en 1998, le
brinda al gobierno una oportunidad para elegir. El testimonio del quintanarroense puede,
de hecho, revelar toda la extensión de las complicidades de las que gozó el cártel de
Juárez durante los sexenio de Salinas y de Zedillo.
Asimismo, señala que los primeros
operativos emprendidos contra los narcos confirmaron que el presidente Fox confió un
papel determinante a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, aunque
finalmente concluye que a pesar de ello la redes del narcotráfico siguen operando, el
flujo de droga sigue y está estabilizado y ni se ha interrumpido.