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Ahora abundarán las aclaraciones. Personas y empresas cuyos saldos bancarios no son los que ayer se dijo, fiadores e intermediarios a los que se aludió de manera incorrecta, gente que ni siquiera sabía que estaba en esas listas o simplemente, deudores que han mantenido en orden sus compromisos bancarios y cuya única falta, si se le puede decir así, fue pedir dinero a una institución financiera en los años recientes.
Las enmiendas a los datos que dio a conocer ayer la diputada Dolores Padierna Luna serán numerosas, pero no tan contundentes como la publicación de nombres y cifras que se hará a partir de esos documentos. Por mucho que aclaren, centenares de empresas y ciudadanos quedarán marcados por el nuevo y gratuito estigma que ha crecido a la par que el resentimiento y los desatinos como elementos dominantes en nuestra inmadura cultura política: ¡están en el Fobaproa! Como si ese fuera un delito.
Tener créditos que hayan sido trasladados por los bancos al Fondo de Protección al Ahorro no es indicio de fraude, ni de dolo. Los empresarios cuyos préstamos se encuentran en el Fobaproa, pueden haber padecido diversos problemas. Todos ellos, igual que muchos mexicanos más, sufrieron la desmedida alza de intereses en 1995 y su capacidad de pago, por muy responsables que fueran, tuvo que haber sido afectada. Es posible que una buena cantidad de ellos, no obstante, hayan seguido liquidando las mensualidades de esos créditos. Habrá, también, quienes no pudieron hacerlo con regularidad.
Y estarán, mezclados entre esos deudores, algunos vivales que quisieron timar a la banca -y acabaron estafando a la nación que salió al rescate del sistema financiero -dejando de pagar aunque tenían recursos para enfrentar esos compromisos, falseando el monto de las propiedades que ofrecían como garantía o, de plano, escondiéndose primero de los cobradores bancarios y luego de las autoridades judiciales.
Algunos de ellos han sido conocidos, primero por sus dispendios y luego por la persecución judicial que se ha ordenado en su contra. Pero no todos los que deben dinero a los bancos, algunos de los cuales tienen créditos que los mismos bancos trasladaron al Fobaproa, son divinos ni cabales.
Ser deudor bancario, no constituye delito alguno. Pero en los últimos meses y años se han desparramado tanta demagogia y confusión sobre el tema del Fobaproa, que ahora la publicación de una lista con nombres y montos causa escándalo como si se tratase de una relación de delincuentes y no solamente de deudores.
Los responsables de esa charlatanería están en todas partes. El PRD ha encabezado la satanización de ciudadanos y empresas, cuya única falta ha sido no contar con el capital suficiente para sufragar sus deudas en una de las épocas de peor crisis financiera que haya vivido el país en este siglo.
De esa demagogia se aprovecha ahora la diputada Padierna. Una vez que el Instituto Bancario de Protección al Ahorro confirmó que no daría a conocer listas de deudores porque infringiría el secreto bancario, esa legisladora divulgó datos de cerca de 700 créditos. Quizá algunos de esos préstamos hayan sido irregulares. Pero la presentación de nombres y datos sin contexto, como si todos fueran evidencia de fraudes, propicia el descrédito de personas y empresas irresponsablemente expuestas por esa diputada.
No está claro cómo fueron elaboradas esas listas. Ni siquiera hay garantía de que sean del todo fidedignas. Al parecer, a partir del acceso que tuvieron a la auditoría sobre el Fobaproa, la diputada y sus asesores eligieron los créditos de mayor monto y/o aquellos que tenían como beneficiarios a personas cuyos nombres o apellidos les parecieron conocidos. Por eso, el repertorio que Padierna mostró ayer incluye nombres que suelen aparecer en las páginas de información política o financiera de los diarios, o incluso en las ya casi desaparecidas secciones de sociales.
Habrá motivo para el escándalo y el escarnio. Y a final de cuentas, si a alguien beneficia este aquelarre presidido por la señora Padierna será a quienes realmente estafaron a los bancos mexicanos. Al quedar mezclados junto a varios centenares más, el monto y la gravedad de los créditos fraudulentos quedan minimizados. Si a una docena de ladrones se les coloca en medio de cientos de ciudadanos honestos, se les permite ocultarse e incluso mimetizarse con los demás.
Esa es la tarea que ha cumplido la diputada Padierna. A la luz de ese resultado, sí puede decirse que en este asunto hay fraude y dolo aunque no sea precisamente de parte de los deudores. La señora Padierna tiene varios años atenta al asunto del Fobaproa y seguramente sabe que de las listas que dio a conocer ayer, no se derivan consecuencias legales para los allí incluidos, pero sí más estruendo y encono políticos. Su objetivo no es contribuir a la depuración del sistema financiero, o a que se castiguen excesos en contra de la banca. Lo que busca es hacer escándalo y confundir, exactamente a quince semanas de las elecciones.