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Dos asuntos asombran notablemente de las declaraciones y manifestaciones políticas del gobierno del PRD en la ciudad. El primero se refiere al absurdo empecinamiento respecto del Horario de Verano. El segundo, a las declaraciones del exprocurador del gobierno capitalino con motivo del resultado del caso Paco Stanley.
Andrés Manuel López Obrador ha insistido durante los últimos meses (por no decir años) en que el Horario de Verano es una imposición neoliberal venida de las más altas esferas del capitalismo internacional y de sus esbirros: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las consideraciones sobre el ahorro de energía, sobre los asuntos técnicos y sobre la necesidad indiscutible de tener a México conectado con los centros financieros y comerciales con los que tenemos intercambio, no tienen mayor relevancia. Lo que importa es lo que diga la gente y que todas las decisiones se tomen a través de consultas y encuestas.
Más allá de la visión específica sobre el asunto, frente al cual no existe opinión alguna de fondo, ni argumentación pertinente, todo se reduce a un asunto de supuesto ejercicio democrático o no. En efecto, para Andrés Manuel el tema es un asunto de legitimidad para llevar a cabo una medida o no. El absurdo es increíble. La ley, aprobada democráticamente y con legitimidad, otorga la facultad al Presidente de la República (electo también democrática y legítimamente) para establecer los usos horarios conforme a consideraciones técnicas muy claras. Para López Obrador, sin embargo, ni la ley, ni el ejercicio democrático de las urnas importa. Lo que importa es que la gente viva movilizada e involucrada en los asuntos del gobierno. Cosa que por cierto él hace muy poco.
Lo grave, es que cualquiera de sus consultas no tendrá validez jurídica alguna y, por lo tanto, será un engaño para la población. Si con ello el jefe capitalino quiere ganar un punto, a lo mejor lo logra, pero sabe bien que no hay nada que hacer ni tendrá consecuencias prácticas. Nada que hacer porque la consulta no tendrá vinculación jurídica, ni podrá tener consecuencias prácticas, porque además de carecer de facultades para imponer un horario de la capital, bonitos nos veríamos los citadinos cambiando nuestras horas entre las torres de Satélite y el Toreo o entre Tecamachalco y las Lomas, donde en ambos casos median cuando mucho los 40 centímetros del ancho de la línea divisoria. Como se parece este asunto al de su pretendida y democratista propuesta de la revocación del mandato, que no existe en ninguna parte de la legislación mexicana.
El exprocurador, botón radiante del estilo de gobierno perredista, acaba de echar a todo el Poder Judicial por la borda y de confesarse. Como respuesta a la sentencia del juez encargado del caso Stanley, responde diciendo que dicho caso lo armaron Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y la irresponsabilidad de una televisora para desprestigiar al gobierno del PRD en la ciudad. Concluye que son esas mismas fuerzas las que han dejado salir a los indiciados, por lo que continúa el complot en contra del gobierno democrático que ellos encabezan.
En efecto sorprenden las declaraciones del exprocurador, sobre todo por dos razones. La primera, por la paranoia en la que vive el gobierno perredista, que no comprueba más que el hecho de que detrás de la persecución de los involucrados en el caso Stanley, existen consideraciones políticas muy claras que tuvieron a inocentes en la cárcel (tal vez no todos, pero sí algunos de ellos), y que con el rasero de que a un ataque político y de medios contra ellos, los gobernantes de la ciudad habrían de responder de igual manera. La segunda razón asombra porque si todo es un problema de vendettas políticas, los resultados de la sentencia y la acción de los jueces no puede verse más que parciales. Lo anterior no ayuda en nada a darle credibilidad a los cuerpos jurisdiccionales de nuestro país, y convierte todo en un asunto de fuerza y capacidad política.
En ambos casos, existe una lamentable paranoia. Consiste en que la visión del gobierno y su legitimidad democrática, sólo pueden ser consideradas desde el punto de vista del PRD. Ni ley, ni funcionarios, ni instituciones que no sean los de ellos son confiables. Y sobre todo, su paranoia consiste en que el país, la gente, el gobierno y el ejercicio político del PRD vive bajo el complot permanente de fuerzas oscuras, que no los dejan hacer la bondad para la que existen. Vaya usted a saber, en medio de los muchos conflictos que ellos tienen a su interior, cómo habrán de pensar y manejar sus propios complots internos.