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ILEGALIDAD TAJANTE
“DESPLIEGA
PRD A CINCO MIL BRIGADISTAS CAZAMAPACHES”
Con cinco mil brigadistas, el Partido de la Revolución
Democrática desplegó la “operación cazamapaches” e instaló retenes en
diversos municipios del interior de la entidad, fundamentalmente en los que
gobierna, para realizar “arrestos ciudadanos” de quienes presumen
delincuentes electorales priistas, denunció el secretario general del PRI tabasqueño,
Juan Molina Becerra.
Por su lado, el secretario general del CEN del PRD, Jesús
Zambrano Grijalva, acusó que dependencias del gobierno estatal han apoyado al candidato
del PRI a la gubernatura, Manuel Andrade Díaz, e incluso ayer viajó al Distrito Federal
para, dijo, entregar a la Mesa de Negociación instalada en la Secretaría de Gobernación
pruebas del “tráfico de influencias”.
Así, cerradas las campañas, concluido el periodo legal y
formal de los aspirantes al gobierno de Tabasco para hacer proselitismo, el clima
preelectoral se desarrolla entre versiones encontradas, acusaciones mutuas PRI-PRD de
pretender reventar a la elección del domingo próximo, esquema del que el
aspirante del PAN, Lucio Galileo Lastra Marín, quiere sacar provecho e incluso invitó a
sus seguidores a convencer a priistas y perredistas para que voten por él.
En este contexto, hizo ruido la destitución de Fernando Valenzuela Pernas, como coordinador de asesores del Instituto Electoral de Tabasco, porque si el presidente del organismo, Estalin Velásquez León, lo fundamentó en “abandono de trabajo”, el afectado le dio cariz político e incluso vinculó su despido con el proceso electoral.
Lo cierto es que, imposibilitados para hacer proselitismo,
dirigentes de los partidos contendientes han acudido al seguimiento de las declaraciones
de uno y otro, en busca de elementos para denunciarlos como delitos electorales. En el
caso del PRI, las acusaciones perredistas han carecido de fundamento documental, e incluso
Zambrano Grijalva no ofreció públicamente las pruebas que dice presentará ante la mesa
de negociación.
En contraparte, el secretario general del PRI tabasqueño, el
diputado local Juan Molina Becerra, sostuvo que en los municipios de Cárdenas,
Comalcalco, Jalpa de Méndez, Jonuta y Paraíso, se han instalado retenes -lo mismo con
un laso que con vehículos o grupos de perredistas-para detener, interrogar y revisar a
priistas en busca de pruebas de que son “mapaches” y preparan el fraude de
la elección del domingo próximo.
Lorena Villavicencio, representante suplente del PRD ante el
Consejo Estatal Electoral, y Zambrano Grijalva rechazaron la acusación, más no
presentaron pruebas de descargo contra la denuncia que oficialmente fue interpuesta,
como denuncia de hechos, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Electorales.
Al respecto, Molina Becerra recordó que en la denuncia están
documentados casos que la respaldan y, en conferencia de prensa, sostuvo que
“estas acciones no representan más que actos hipócritas.
“Los perredistas no pueden impunemente realizar, como
dicen, “arrestos ciudadanos” por la simple sospecha de que sus detenidos
pueden ser delincuentes electorales; tampoco son jueces para condenar a nadie y hacerse
justicia por propia mano”.
Por tanto, llamó a la dirigencia nacional y estatal del PRD,
al candidato de la Alianza por Tabasco, Raúl Ojeda Zubieta, y a los cinco alcaldes
perredistas a “que retornen a la legalidad y que no promuevan la
violencia”.Proceso
El clima preelectoral se desarrolla entre un ambiente de
acusaciones
La denuncia administrativa
La “queja administrativa” que, ante la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Electorales, que presentó Lorena Villavicencio
Ayala, representante suplente del PRD en el Consejo Electoral Estatal, el PRI le
respondió que es una versión producto de la mala lectura que el perredismo hizo del
discurso de Manuel Andrade Díaz, pronunciado hace tres días en su cierre de
campaña.
De acuerdo con la queja, Andrade Díaz habría convocado a los ciudadanos tabasqueños a reunirse el domingo próximo, a partir de las cuatro de la tarde, para celebrar el triunfo en la Plaza de la Revolución, lo que habría constituido violación a lo previsto en el artículo 185, párrafo segundo, en relación con el artículo 176 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Tabasco. (M.S. y E. V.)
Presentó PRI otras 8 quejas por delitos electorales
El PRI tabasqueño presentó anoche ocho demandas más contra
el PRD, por la presunta comisión de delitos electorales en los municipios de Jalpa de
Méndez, Centla, Teapa, Jalapa, Comalcalco y Centro. Entre las demandas, se amplió la
relacionada con los retenes instalados por perredistas, y se aportaron pruebas
testimoniales, fotográficas y videograbadas.
Las pruebas fueron aportadas por Justo Díaz del Castillo, representante jurídico del Partido Revolucionario en esta entidad, ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, e informó que algunas denuncias se presentarán ante el MP del fuero común, por agresiones con arma blanca.
En el fundamento de las ocho demandas, que hasta anoche suman
17 contra el PRD por la presunta comisión de delitos electorales, se puntualiza
como actividad ilegal a la de los retenes, encabezada por alcaldes y la policía de los
municipios que gobierna el PRD, “que se muestran como cabeza de grupo y piden que se
catee a quienes transitan por los cruceros y puntos estratégicos, para ver si llevan
propaganda o realizan proselitismo”.
El director del Centro Estatal de Defensa Jurídica del Voto,
Félix Heladio Sarracino Acuña, que acompañó a Díaz del Castillo ante la autoridad
judicial, pidió que se investigue a los alcaldes de los municipios citados, como
instigadores, organizadores y planeadores de estas actividades ilícitas, así como a
César Raúl Ojeda, Enrique Fernández Valdés, dirigente estatal del PRD, Lorena
Villavicencio y a miembros de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución
Democrática.
Artículo 11 Constitucional
“Todo hombre tiene derecho para
entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia,
sin necesidad de carta deseguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos
semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la
autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros
perniciosos residentes en el país”.