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Debe Luján indagar, en un plazo de
30 días, anomalías de ex funcionarios del GDF, advierten PRI y PAN
Los diputados del PRI y PAN, Arturo
Barajas Ruiz y Federico Döring Cásar, respectivamente, dieron un plazo de 30 días a
la contralora general del gobierno del Distrito Federal, Bertha Luján Uranga, para que
investigue a fondo las anomalías en que incurrieron ex funcionarios de las gestiones de
Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, y no se convierta en "tapadera" de los
errores cometidos en la pasada administración.
Insistieron en que no ha quedado claro el destino de cinco mil 980 millones de pesos que presuntamente no se ejercieron en el último año de gobierno de Rosario Robles, así como de otros 210 millones de pesos que transfirió la Lotería Nacional a la administración de Robles.
Döring Cásar acusó a la
contralora de encubrir las anomalías cometidas por personal a cargo de la ex jefa de
gobierno de la ciudad "con fines políticos", pues los perredistas no quieren
"desgastar" la figura de Rosario Robles, quien aspira a dirigir al partido
del sol azteca en los próximos tres años.
En conferencia de prensa insistió en que si Luján Uranga no tiene el equipo necesario y la capacidad para investigar a fondo las presuntas anomalías en que incurrieron ex funcionarios de todas las áreas de gobierno, "entonces que renuncie, ya que no es posible que solape la corrupción y negligencia".
Barajas Ruiz mencionó que las
presuntas irregularidades en las que incurrió la pasada administración no se limitan
únicamente a las observaciones por 5 mil 980 millones de pesos que no han sido subsanadas
y que abarcan a casi todas las entidades de gobierno, también está un convenio suscrito
entre la Lotería Nacional y el GDF.
Recordó que la Lotería Nacional entregó al gobierno capitalino 210 millones de pesos para obras sociales, sin embargo nunca justificó en qué se gastaron esos recursos.
Lo mismo ocurrió con las transferencias que se hicieron de programas prioritarios al ramo de comunicación social que originalmente tenía asignados 275 millones para el año 2000, pero ejerció casi 700 millones para promover la imagen de la ex jefa de gobierno en un año electoral.
Criticó que obras con valor de más de 400 mil pesos hayan sido adjudicadas de manera directa, cuando la ley señala que deben licitarse.
"La Contraloría General y los
contralores que existen en todas las entidades y en las 16 delegaciones no están a la
usanza antigua que desgraciadamente fue durante la administración de mi partido, para
corregir fallas, sino para sancionar a funcionarios corruptos e ineptos", concluyó.