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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS CARECÍA DE FACULTADES PARA VENDER
El decreto presidencial de 1988 habla de bienes nacionales, para beneficio de la población, no de un particular aclara el abogado
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exjefe de gobierno del
Distrito Federal, no tenía facultades para derogar el decreto presidencial de 1988,
en que el se desincorpora de los bienes del dominio público el predio de Tlayapaca para
dárselo a los pepenadores, por lo que de presentar los pepenadores un juicio de nulidad
es muy probable que se les regrese el terreno.
El constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela explicó que en el decreto publicado el 5 de octubre de 1988 en el Diario Oficial de la Federación se habla de bienes nacionales y el desincorporarlos significa que tienen un fin público y no para una persona o empresa particular.
Por este motivo aseguró que Cárdenas Solórzano, aunque
era jefe de gobierno capitalino, no tenía facultades para quitarle el predio a los
pepenadores y venderlo en 1988.
Cabe recordar que por más de diez años los pepenadores de
Santa Fe vivieron en este terreno. En 1984 y 1988 es desincorporado de los bienes del
dominio público, de acuerdo con el entonces presidente Miguel de la Madrid. Tlayapaca
sería destinado para que se construyera una unidad habitacional, pero en 1998 Cuauhtémoc
Cárdenas vende el predio.
“Ningún jefe del Departamento del DF o como se le
conoce ahora, jefe de gobierno, puede violar un decreto presidencial, porque además,
también está violando la legalidad de la Constitución”, afirmó el
constitucionalista.
En este decreto que a la letra dice: “por el que se
desincorpora de los bienes del dominio público del Departamento del Distrito Federal, el
inmueble denominado Tlayapaca y se autoriza a enajenación a título oneroso y fuera de
subasta pública en favor de los beneficiarios del Programa de Reubicación de los
pepenadores del Tiradero de Basura de Santa Fe”.
Al respecto, Burgoa Orihuela explicó que el hablar de título
oneroso significa que este predio de poco más de 136 mil metros cuadrados debería ser
vendido pero a los pepenadores de Tlayapaca, no a un particular.
Hace unos días, Santiago Hernández Ventolero indicó que un
representante de Cárdenas les dijo que vendió Tlayapaca porque ya habían pasado 10
años del decreto del 88 y ellos no tenían algún documento que los avalara como dueños.
Al respecto, Burgoa Orihuela afirmó que el decreto presidencial no tiene plazo, es decir
que nunca se va a cancelar, siempre será vigente.
Además, en el decreto de Cuauhtémoc Cárdenas del 15 de
diciembre de 1998 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 187 “
que el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal en la sesión cuanta
extraordinaria del cuatro de diciembre de 1998 autorizó desincorporar la fracción útil
del predio de Tlayapaca a fin de que se enajene a título oneroso fuera se subasta
pública a favor de Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
A su vez, en el decreto se menciona que la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda mediante el oficio D-34/IRT 3.4.3./1697/5225 del 10 de
diciembre de 1998 solicitó que el inmueble se desincorpore para ser destinado al
desarrollo habitacional y por inferirse que dicho inmueble no es útil, ni en la
actualidad ni en un futuro previsible para fines de servicio público u otras actividades
o funciones prioritarias del Gobierno del Distrito Federal.
El decreto presidencial de 1988 se otorgó a título oneroso, es
decir que el gobierno federal debería vender el terreno a los pepenadores. A decir de los
habitantes, ellos sabían que tenía que pagar el lote por lo que enviaron varias cartas
al entonces Departamento del Distrito Federal para que se regularizara su situación. Sin
embargo, ninguna fue contestada.
CRÓNICA tiene en su poder los oficios que avalan que los
pepenadores del predio del Tlayapaca pidieron a las autoridades correspondientes que se
regularizara la situación del lote.
Luego de que se publicara el decreto por el que se
desincorporaba el predio de Tlayapaca a favor de los pepenadores del tiradero de Santa Fe,
en octubre de 1988, los habitantes de este predio enviaron varios misivas al entonces jefe
del DDF, Oscar Espinosa Villareal.
Con fecha del 16 de agosto de 1995, el oficio con folio 54494,
enviado a Espinosa dice: “solicitan su intervención a fin de que se regularice en
favor de sus poseedores los predios de la Unidad Habitacional Tlayapaca, a fin de evitar
ser desalojados” y firma Leonor Ortíz Monasterio, coordinadora de Atención
Ciudadana.
Para el 25 de agosto del mismo año, el director general del
DDF, Alfonso Sarabia de la Garza envió otra carta a Jesús Salazar Toledano, secretario
de Gobierno para que por instrucciones de Oscar Espinosa regularizara dicho predio.
En 1996 se le envió también al secretario de Obras y
Servicios, Daniel Ruiz Fernández ,Elena Solís directora de general de Regularización
Territorial para que atendiera la demanda de los ciudadanos.
Además los inconformes solicitaron a Cuauhtémoc Cárdenas
que se justificará el por qué del desalojo violento del 30 de diciembre de 1998, pero
no tuvo respuesta. (Y
lamentablemente, nunca la tendrán)
El 12 de mayo de 1999, Rigoberto Avila, secretario particular de
Rosario Robles envió un documento a Guadalupe Rivera Marin, delegada en Alvaro Obregón
para que fuera ella quien justificara el desalojo de Tlayapaca y no Cuauhtémoc Cárdenas.
(S. A.)