|
|
ES OFICIAL: ROBLES SÍ COMETIÓ ANOMALÍAS EN COMUNICACIÓN
Los
resultados de las revisiones presupuestales de la Contaduría Mayor corresponden al primer año de gestión en el GDF que compartieron
Rosario Robles y Cuauhtémoc Cárdenas
Las
irregularidades en gastos de comunicación social no sólo fueron cosa del año pasado en
el Gobierno de la ciudad. En 1999, el gobierno compartido por Cuauhtémoc Cárdenas y
Rosario Robles también adjudicó contratos sin licitación pública y pagó contratos
antes de que éstos se celebraran e incluso sin contar con la autorización de la
Secretaría de Finanzas.
En ese
año, el GDF también se sobregiró en sus gastos de comunicación social, ya que, pese a
que tenía autorizados sólo 51 millones 516 mil pesos, se gastó 292 millones 48 mil
pesos; es decir, 466.9 por ciento más de lo originalmente aprobado por la Asamblea
Legislativa del DF.
Según
el resultado de las auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la
ALDF –las mismas que los contadores acordaron diferir luego de una reunión privada
con Rosario Robles, celebrada el 17 de marzo—, en el ejercicio de ese año se
presentaron diversas anomalías en la forma en la que los recursos fueron ejercidos,
algunas de las cuales “contravienen” la Ley de Adquisiciones, el Código
Financiero y el Presupuesto de Egresos.
Así,
“pagos adicionales” de los que no se cuenta con evidencia de contratos que
los amparen o el soporte documental del producto elaborado, son parte de las
irregularidades detectadas en estas auditorías.
Ayer
fueron entregadas en total 44 auditorías a los gastos hechos por diversos órganos del
GDF en 1999, entre las que figura la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) el
Programa 24 denominado “Comunicación Social”.
Sobre las irregularidades en que incurrió la dependencia se señala que “los servicios que contrató los adjudicó en forma directa y realizó pagos por servicios diferentes a los que tiene encomendados, apartándose de lo dispuesto en los Lineamientos en Materia de Publicidad, Propaganda, Publicaciones Oficiales y en General las relacionadas con actividades de Comunicación Social”.
Además, se explica que hasta ahora el GDF no ha entregado documentación para
comprobar la compra adecuada de una motocicleta y un vehículo, pues no se cuenta con la
solicitud de autorización de compra y una opinión favorable para la adquisición de
bienes restringidos.
En cuanto
al Programa 24, “Comunicación Social”, la Contaduría Mayor de Hacienda revela
que fue en el capítulo 3000 donde se ejerció el mayor monto de recursos, ya que
absorbió el 91.2 por ciento del gasto total, con un importe de 266 millones 244 mil 900
pesos, cantidad 823.3 por ciento superior a la originalmente presupuestada.
En el
documento se detalla que los auditores revisaron contratos que fueron adjudicados sin
licitación, lo cual contraviene el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones y 44 del
Presupuesto de Egresos.
“Los
nueve contratos revisados se regularizaron con un retraso de casi 10 meses respecto de la
fecha en que los servicios se empezaron a recibir”, detalla.
Incluso,
“existen algunos pagos adicionales que no cuentan con evidencia de contratos que los
amparen o el soporte documental del producto elaborado resultante de los trabajos
realizados o de los servicios contratados”, concluye. * Propaganda creciente
Las
auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda explican que gran parte del incremento en
los gastos de difusión en el periodo de 1999 se debieron al crecimiento de la partida
3601 “Gastos de Propaganda”, a la cual se había autorizado gastar sólo 8
millones 224 mil 300 pesos pero al final se ejercieron 204 millones 130 mil 300 pesos.
En los
resultados también se explica que de las erogaciones efectuadas por el Fondo Revolvente,
la DGCS realizó “indebidamente” pagos con cargo a la partida 2201
“Alimentación de personas”, por consumos en diversos restaurantes por 169 mil
pesos, sin considerar el clasificador por Objeto de Gasto.
En el
informe ejecutivo de estas auditorías la Contaduría Mayor de Hacienda entregado ayer a
la ALDF se detalla que los resultados expuestos en él tienen un carácter preliminar y
sólo corresponden a los entes auditados y por tanto no pueden generalizarse a la
Administración Pública del DF.
Si a Pipino Cuevas lo metieron a la cárcel por un supuesto mal manejo de
25 mil pesos cuando era funcionario en Gustavo A. Madero, a Rosario Robles al menos
deberían arraigarla para que no quede impune este multimillonario desvío de
recursos”, señaló el diputado priista Arturo Barajas.
Pipino
Cuevas gastó 25 mil pesos en uniformes
deportivos para jóvenes de la delegación Gustavo A. Madero. Este dinero, según las
autoridades de la administración de Robles, no estaba autorizado para ese fin, por lo que
el ex campeón mundial pasó en la cárcel tres meses.
Fernando
Antonio Aponte Morales, ex jefe de Adquisiciones en la misma delegación, fue llevado a la
cárcel acusado de desviar seis mil pesos que, originalmente estaban destinados a la
compra de escobetas para limpieza y se los gastó en escobas.
Elvira
Gaytán Beltrán, secretaria en alguna de las oficinas de esa misma delegación, fue
encarcelada tres meses porque en el cheque de su pago quincenal apareció, antes de su
nombre, la palabra Lic., por lo que fue acusada de usurpación de funciones.
Con
estos ex funcionarios de la delegación Gustavo A. Madero fueron a la cárcel 70 de sus
compañeros, quienes, al igual que ellos, fueron señalados por Rosario Robles como
“una amplia y peligrosa red de corrupción en la administración de José Parcero
López”.
Al final,
el juez que llevaba el caso no pudo sustentar sus acusaciones y los ex funcionarios
delegacionales fueron puestos en libertad, tres meses después de haber ingresado al
reclusorio Oriente.
Ahora,
Robles fue acusada por diputados locales del PAN y del PRI por desviar 420 millones de
pesos en gastos de comunicación social, denuncia que, todo parece indicar, será ampliada
luego de conocerse las auditorías a la cuenta pública de 1999.