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JUSTICIA A LA MEDIDA: ROBLES, EXONERADA; ESPINOSA, PRESO
Contrastes Ambos incurrieron en gastos exagerados en
comunicación social, sin embargo, el trato en cada caso ha sido diametralmente opuesto
Que
“no quede duda! Las constancias que acreditan el delito de peculado —por
420 millones de pesos—, contra Oscar Espinosa Villarreal están debidamente
entregadas ante el órgano competente”, declaraba el procurador Samuel del Villar el
jueves 30 de marzo de 2000, ante diputados locales de la ALDF.
Aquellas
declaraciones marcaban el inicio de una feroz cacería contra el ex regente capitalino, la
cual concluyó el martes 12 de diciembre pasado con su encierro en una prisión de alta
seguridad en Managua, Nicaragua.
En
contraste, el pasado jueves 21 de junio, diputados locales del PAN y del PRI ratificaron
ante la Contraloría una denuncia en contra de la ex jefa de gobierno, Rosario Robles, que
habían interpuesto unos días antes, por un sobregiro de 416.2 millones en gastos de
comunicación social.
La
diferencia fue que hace tres días ese órgano de control decidió exonerar a la ex
funcionaria, asegurando que los gastos fueron legales y que “poner en tela de juicio
si hubo o no inmoralidad, le corresponde a la ciudadanía y a los medios de
comunicación”, no a ellos.
La PGJDF acusó a Espinosa Villarreal de no entregar la documentación comprobatoria de la partida 3605, sobre un gasto por 420 millones de pesos en comunicación social. No obstante, Jesús González Schmall, el primer oficial mayor de la administración perredista en la ciudad, dijo a este reportero, el martes 20 de junio del año pasado, que el ex regente sí le había entregado la documentación que Del Villar aseguraba no existía.
“Efectivamente,
después de firmar el acta de entrega-recepción, toda la documentación de la partida
3605 fue transferida a la Contraloría General”, aseguró el ex funcionario.
—¿Cómo
pudo la Contraloría perder esta documentación? Se le preguntó.
—Ahí
sí, honradamente, no tendría yo contestación. Yo no sé si pudo haber sido
incompetencia, descuido u otra cosa...
La jugada perfecta. Desde que asumió la administración capitalina, el 5 de diciembre de 1997, el PRD sabía que existían irregularidades en la forma en la que fueron manejados los recursos por la administración de Espinosa Villarreal.
Conocieron
el memorando en el que el ex regente ordenaba a Manuel Merino, su oficial mayor, que
“cada erogación que se haga con cargo a la partida 3605, referente a otros gastos de
Difusión e Información, será realizado directamente por usted, por lo que deberá
firmar el recibo correspondiente”.
Esta información fue “guardada” durante dos años y usada en el 2000, coincidentemente, un año electoral.
De esta forma, mientras la administración de Rosario Robles gastaba recursos al son de dos millones de pesos diarios para “afianzar” su imagen y de paso la de su partido, fue reactivada la vieja querella en contra del ex regente prisita.
Aunque es
difícil precisar en qué medida, los gastos en comunicación social, la querella contra
Espinosa Villarreal y la resolución del Tribunal Electoral del DF, que declaró válida
la candidatura del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador para contender por la
jefatura de Gobierno, surtieron el efecto que el perredismo esperaba.
La
persecución. Horas después de que el presidente Ernesto Zedillo le aceptara su renuncia
al cargo de secretario de Turismo, Oscar Espinosa, conciente de que todo el peso y toda la
furia de un procurador se abalanzarían sobre él, el 3 de julio del 2000 decidió
desaparecer y encargar a sus abogados un amparo para evitar ir a prisión.
Versiones
de que había sido visto en Sinaloa, en Chihuahua, en Saltillo y en otros tantos estados
de la República inundaban las páginas de los diarios. La PGJDF emitió un boletín de
auxilio a la Interpol y esta ordenó su búsqueda en 177 países del mundo.
El 12 de
noviembre del año pasado, Espinosa Villarreal llegaba a Managua, Nicaragua, en un vuelo
privado procedente de Toronto, Canadá y, un mes después, el martes 12 de diciembre, era
arrestado y encerrado en El Chipote, una prisión de la desaparecida seguridad del Estado
sandinista y que actualmente es operada por la Dirección de Investigaciones Criminales de
la policía nicaragüense.
En
contraste, Rosario Robles enfrenta —aún—, dos denuncias penales,
una del fuero común por la adjudicación irregular de un contrato celebrado con la
empresa Publicorp, SA., por 55 millones de pesos.
Según legisladores panistas, este contrato se celebró antes de que el mismo estuviera autorizado por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la propia Jefatura de Gobierno.
Además, pese a que para el 2000 a Rosario Robles se le había autorizado un presupuesto de 282 millones de pesos para gastos de comunicación social, al final del año las cuentas establecieron que el gasto en este rubro fue por 701 millones 900 mil pesos; es decir, 419.7 millones de pesos más de lo que le había sido aprobado.
La otra denuncia, la del fuero federal, es por probables delitos electorales, ya que, presuntamente, la ex jefa de gobierno envió recursos para apoyar las candidaturas de Pablo Salazar Mendiguchía y César Raúl Ojeda a sus campañas por la gubernatura en Chiapas y Tabasco, respectivamente.
El procurador Bernardo Bátiz anunció, hace apenas unos días, que en el transcurso de esta semana será dada a conocer la resolución judicial sobre este caso, en el que Rosario Robles ni siquiera fue citada a comparecer ante el Ministerio Público.