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"Marcos" denuncia "guerra sucia" en Chiapas

El "subcomandante Marcos", líder de la guerrilla zapatista, denunció que, tres años después de la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares en Acteal, se mantiene en Chiapas la "guerra sucia" que propició la tragedia.

Supervivientes de la masacre y organismos civiles nacionales y extranjeros conmemorarán hoy el tercer aniversario del genocidio, perpetrado por un grupo de paramilitares afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En un comunicado difundido entre los medios, la víspera del aniversario de la matanza, "Marcos" aseguró que, pese al cambio de Gobierno en México, la "guerra sucia" emprendida por la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) sigue intacta.

El 1 de diciembre, Vicente Fox se convirtió en el primer presidente de México en 71 años que no pertenece al PRI y prometió que una de las prioridades de su Gobierno será propiciar las condiciones para alcanzar la paz en Chiapas.

"Al contrario de lo que dice la profusa campaña publicitaria gubernamental, nada ha cambiado. Nada hay en Chiapas que permita asegurar que Acteal no se repetirá", aseguró el "sub", como se conoce popularmente al líder guerrillero.

"Para que Acteal pase definitivamente al pasado de nuestro país, es necesario que se castigue a los verdaderos culpables, es necesario que se abandone definitivamente la óptima guerrista y que haya un compromiso serio con la vida política, es necesario que los grupos paramilitares sean desmantelados", agregó.

El 22 de diciembre de 1997, un grupo de paramilitares armado afín al PRI irrumpió en la ermita de la pequeña comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, disparó por la espalda a decenas de indígenas que estaban orando y mató a 45 de ellos, en su mayoría mujeres y niños.

A pesar de que los hechos ocurrieron a plena luz del día, las autoridades locales y la policía brillaron por su ausencia en lo que fue la peor tragedia que se recuerde en Chiapas, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se alzó en armas el primero de enero de 1994.

Un centenar de personas, entre ellas un general del Ejército, nueve ex policías y el ex alcalde de Chenalhó Jacinto Arias, están presas por el múltiple crimen, pero los organismos de derechos humanos exigen que se inicie un proceso penal contra las autoridades estatales, a las que consideran responsables intelectuales de la masacre.

"Marcos" acusó al nuevo Gobierno de no haber hecho nada para desmantelar a los más de quince grupos armados que operan en Chiapas y denunció que este miércoles, "un número indeterminado de militantes del PRI, entre ellos algunos paramilitares", irrumpieron en una comunidad de influencia zapatista "con la intención de repetir la matanza de Acteal".

Según el "sub", nueve familias del EZLN tuvieron que huir a las montañas, "donde permanecen viviendo a la intemperie" mientras la comunidad El Duraznal, en el municipio de Chilón, "sigue en poder de los paramilitares".

En los últimos días, los habitantes de la zona del conflicto denunciaron que los paramilitares preparaban nuevos ataques en la región, por lo que las autoridades decidieron incrementar la vigilancia policial.

"Marcos" aprovechó la conmemoración del aniversario de la matanza de Acteal para exhortar al Gobierno de Vicente Fox a cumplir con las condiciones impuestas por la guerrilla para reanudar el diálogo de paz.

El líder del EZLN hizo un llamamiento "a las organizaciones políticas y civiles, a los intelectuales, a los religiosos y a todas las personas honestas de México y del mundo para que se movilicen exigiendo que se cumplan las tres señales demandas para la reanudación del diálogo".

Un día después de la investidura de Fox, "Marcos" se manifestó dispuesto a volver a la mesa de negociaciones a condición de que se retire al Ejército de la zona de conflicto, se amnistíe a los zapatistas presos y se apruebe, en el Congreso, una ley de derechos y cultura indígena.

Según fuentes oficiales, el Gobierno de Fox devolverá hoy a indígenas afines a la guerrilla más de tres hectáreas de terreno que les fueron expropiadas durante la administración de Zedillo para realizar prácticas militares.