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Durante cinco años, no enteraron el ISR; son investigados servidores de las administraciones de MCS, OEV y CCS
Quebrantos al erario público local por cerca de 5 mil millones y posible averiguación penal en contra de 15 ex funcionarios de lo que era el DDF y del GDF, son parte de la investigación que se encuentra radicada en la Procuraduría General de la República por el incumplimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los sueldos de empleados de mandos medios y superiores correspondientes a diciembre de 1992, los años fiscales 1993, 1994, 1995 y 1996, así como los meses de enero a octubre de 1997.
La denuncia incluye una posible alteración o “rasurado” de nóminas de lo que antes fuera el Departamento del Distrito Federal, con valores menores a los reales. Estas investigaciones van desde las administraciones de Manuel Camacho Solís y Óscar Espinosa Villarreal, hasta la de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles Berlanga, ya que la denuncia fue conocida desde 1998 por la Contraloría General de la Administración Pública del DFSe buscó a los ex contralores Gastón Luken y León Alazraki para que informaran al respecto pero uno de ellos está fuera de la ciudad y al otro fue imposible localizarlo.
Según el texto, las pasadas administraciones del entonces DDF habían incumplido el pago del citado impuesto durante casi cinco años, lo cual empezó a generar importantes multas y recargos. Para reparar este daño, las autoridades de aquel entonces firmaron un “convenio” con la Secretaría de Hacienda para ponerse al corriente de sus adeudos.
Este convenio se denominó: Acuerdo de Reconocimiento de Créditos y Deudas de Carácter Fiscal, así como de Compensación de los Mismos.
Con este mecanismo, el otrora DDF decidió crear una partida presupuestal especial en 1997 con la que se cubriría el cúmulo de recargos que ya se tenían. Esta derrama adicional fue por mil 958 millones 19 mil pesos bajo el rubro 3407, que comprende el concepto “otros impuestos y derechos”, lo cual, según el documento de la Dirección General de Auditoría del gobierno del Distrito Federal, en poder de este diario, es ilegal.
El asunto fue denunciado oficialmente el 21 de septiembre de 1998, pero nunca tuvo repercusión. Ahora la denuncia fue radicada ante la Procuraduría General de la República el pasado 2 de diciembre por Víctor Orduña, representante legal del Partido Acción Nacional en el DF y ratificada el 5 del mismo mes. Dicho partido también pide una revisión de las cuentas presupuestales del GDF de 1997 al 2000. Además la nueva contralora del GDF, Martha Luján, deberá entregar el martes próximo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal documentación sobre presuntas irregularidades detectadas, por más de 24 mil millones de pesos.
El convenio firmado
El convenio en cuestión fue firmado en 1997 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces DDF y con él este último se obligaba a enterar al fisco la suma de mil 874 millones 190 mil 539 pesos por concepto, como decíamos, del pago del ISR, por concepto de remuneraciones integrales a su personal y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, por los meses de noviembre y diciembre de 1992, los años 1993, 94, 95, 96 y los meses de enero a octubre de 1997. Esta suma incluía actualizaciones y recargos.
En la auditoría practicada por la Contraloría del DF advierten que esta operación se realizó afectando el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de 1997, pues el 55.95 de la partida presupuestal especial se destinó a cubrir actualizaciones y recargos, lo cual “lesionó considerablemente el ejercicio del Presupuesto de 1997”, señala el documento y remata que los pagos debieron hacerse oportunamente, “sin el consecuente gasto adicional por el pago de actualizaciones y recargos”.
El dictamen de la contraloría establece que la Secretaría de Finanzas del DDF, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto, desacató e infringió lo que estipulan los artículos 378 y 379 del Código Financiero local al autorizar afectaciones presupuestales y al no contemplar en los presupuestos de egresos de 1992 a 1997 la partida relativa a impuestos a retener.
Los artículos violados
Los artículos mencionados establecen: “...la fracción IV del artículo 378 del Código Financiero del Distrito Federal obliga a que el Proyecto de Presupuesto de Egresos contemple la estimación de ingresos y gastos del ejercicio fiscal para el que se propone. El hecho de afectar el presupuesto de egresos del año de 1997 con los impuestos, actualización y recargos correspondientes a los ejercicios fiscales de 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, implica que los Proyectos de Presupuesto de Egresos y los mismos Presupuestos de Egresos no contemplaron esta parte de los ingresos de los servidores públicos mandos medios y superiores.
“El artículo 379 del mismo Código Financiero del DF obliga a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, Asamblea, Tribunal, Comisión y Consejos de Ciudadanos, a prever en sus respectivos anteproyectos de Presupuesto los importes correspondientes al pago de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y cualquier otra, ya sea de carácter federal o local que por disposición de ley estén obligados a enterar